Bregman cuestiona reforma de imputabilidad

Crítica a la baja de la edad de imputabilidad

La dirigente de izquierda Nora Bregman se pronunció públicamente contra la medida de reducción de la edad de imputabilidad que impulsa el gobierno nacional. En su posición sobre esta reforma de la edad de imputabilidad, Bregman cuestionó severamente los alcances de una política que permitiría procesar penalmente a menores de edad por delitos graves como homicidio y robo.

La legisladora izquierdista argumentó que la baja de la edad de imputabilidad representa un retroceso en las políticas de protección de menores y cuestiona los principios fundamentales del derecho penal juvenil establecidos en tratados internacionales.

Postura crítica frente al gobierno de Milei

Bregman dirigió sus críticas específicamente hacia las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei, señalando que esta reforma va en contra de estándares internacionales de protección de la infancia y adolescencia. La dirigente argumentó que los menores de edad que cometen delitos requieren medidas socioeducativas y de rehabilitación, no encarcelamiento como adultos.

La izquierda ha mantenido una postura consistente respecto a que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de seguridad pública, sino que profundiza la vulnerabilidad de sectores ya marginados de la sociedad.

Controversia sobre el tratamiento penal de menores

El debate sobre la edad de imputabilidad ha generado profundas divisiones en la clase política argentina. Mientras que desde ciertos sectores se argumenta que reducir esta edad es necesario para combatir la criminalidad juvenil, desde la oposición de izquierda se plantea que existen alternativas más efectivas y humanitarias para abordar este problema.

Bregman enfatizó que los delincuentes menores de edad enfrentan contextos de pobreza, falta de oportunidades educativas y exclusión social que no pueden solucionarse mediante medidas punitivas extremas. Según su perspectiva, la verdadera solución requiere inversión en educación, salud mental y programas de reinserción social.

Defensa de los derechos de menores infractores

La legisladora argumentó que la edad de imputabilidad existe como norma jurídica precisamente porque reconoce la inmadurez cognitiva y emocional de los menores, así como su mayor capacidad de rehabilitación comparada con adultos. Bregman sostuvo que bajar esta edad significaría negar estas realidades científicamente comprobadas sobre el desarrollo cerebral adolescente.

En su discurso, la dirigente de izquierda subrayó que los menores infractores tienen derecho a un sistema de justicia especializado que considere su condición particular, tal como establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales suscritas por Argentina.

Implicaciones de la reforma de la edad de imputabilidad

Según Bregman, reducir la edad de imputabilidad tendría consecuencias graves para el sistema penitenciario nacional, que ya se encuentra saturado. Además, advertía que esta medida afectaría desproporcionadamente a jóvenes de sectores vulnerables, perpetuando ciclos de exclusión y marginalización.

La crítica de la dirigente izquierdista refleja preocupaciones más amplias dentro de su sector sobre cómo se abordan las políticas de seguridad ciudadana desde la administración actual. Para Bregman, la solución a la delincuencia juvenil no radica en aumentar la represión penal, sino en fortalecer instituciones de prevención, educación y asistencia social.

Perspectiva internacional sobre políticas penales juveniles

En su argumentación, Bregman citó ejemplos de países desarrollados que han optado por modelos restaurativos y educativos en lugar de punitivos para menores que cometen infracciones. Esta dirigente enfatizó que Argentina debe mantener coherencia con los compromisos internacionales que ha asumido respecto a la protección integral de la infancia.

La postura de Bregman contra la baja de la edad de imputabilidad se enmarca en una defensa más amplia de políticas sociales y de inclusión, argumentando que la prevención del delito es más efectiva y menos costosa que la represión posterior a través del sistema penal.